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29 de Mayo de 2020

Superintendencia de Casinos refuerza la importancia de dar sustentabilidad a los ingresos fiscales provenientes de la industria

La Superintendencia de Casinos de Juego rindió este viernes su cuenta pública 2019, en un formato complemente digital a través del canal de YouTube de la institución (@superintendenciadecasinosdejuego). En la presentación, la jefa de Servicio, Vivien Villagrán, entregó los resultados de la gestión desarrollada el 2019, dando a conocer los principales desafíos de este 2020.

 

En su intervención, la titular del organismo destacó el trabajo realizado en materia de prevención de juego responsable, en el contexto del plan Bi-anual comprometido por esta institución, el que contiene la propuesta de elaboración y/o modificación de 21 normas, destacándose durante el 2019 la dictación de la nueva circular de autoexclusión voluntaria de jugadores, la cual incrementó en un 62% los autoexcluidos, que se traduce en un total de 1.583 personas que están en esta condición.

 

Sin lugar a dudas el cumplimiento de los objetivos estratégicos de esta Superintendencia durante el año 2019 se dio en un contexto especialmente complejo. Pese ello se avanzó en aumentar su valor público, poniendo de relieve la importancia de la oferta territorial y preservando la fe pública; además se continuó velando por el cumplimiento de la normativa y la operación de los casinos, junto con mitigar efectos negativos en los usuarios, su entorno y comunidad”, señaló la Superintendenta.

 

CASINOS DE JUEGO

En la cuenta pública 2019, se analizó los ingresos que ha tenido el FISCO en materias de impuestos y de IVA al juego. Junto con esto, se presentaron las cifras sobre el impacto que tuvo el 18 de ocubre de 2019 en la industria, situación que se tradujo en el cierre de nueve recintos de juegos y que significó 42 días sin funcionamiento de éstos, lo que generó una contracción de un -2,9% en los impuestos que tributa la industria.

 

En materias de Juego Ilegal la Superintendencia destacó el apoyo técnico a la Subsecretaría de Hacienda en la tramitación de la indicación sustitutiva, que busca reforzar la prohibición de la explotación de máquinas y juegos de azar fuera de los casinos de juego.

 

DESAFÍOS 2020- EMERGENCIA SANITARIA

 

Uno de los principales desafíos de la SCJ, especialmente en el contexto de la emergencia sanitaria, es dar sustentabilidad a la industria, lo que es importante para garantizar los retornos que reporta su actividad a la recaudación fiscal, como también desde la perspectiva del valor público que significa su presencia en los territorios.

 

Durante esta emergencia sanitaria la institución ha mantenido una comunicación constante con los distintos operadores de casinos de juego, y se espera puedan reabrir solo cuando las autoridades sanitarias así lo dispongan, por lo que se está trabajando en conjunto en la preparación de los protocolos necesarios y medidas de control que se requieran.

 

Es en este contexto de pandemia mundial, la Superintendencia debe, entre sus desafíos, llevar a cabo el proceso de otorgamiento de permisos de operación para los doce cupos que quedarán disponibles a partir del 2023, según lo establecido en la Ley N° 19.99 , situación solo que puede ser aplazada a través de una modificación legal. Por lo pronto, la SCJ se encuentra preparando las bases técnicas definitivas, las que estarán disponibles en el mes de julio de este año.

 

ENVÍO DE COMENTARIOS A LA CUENTA PÚBLICA

 

Hasta el 29 de junio próximo se podrán hacer comentarios a la Cuenta Pública de la Superintendencia, la que se encuentra disponible en www.scj.gob.cl. 

 

Cabe recordar que la Cuenta Pública es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Ley N° 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, por medio del cual se generan espacios de diálogo e intercambio de opiniones entre las instituciones, sus respectivas autoridades y la sociedad civil, con el propósito de dar a conocer la gestión realizada, para posteriormente evaluarla, generar transparencia y garantizar el ejercicio del control ciudadano sobre la administración pública.

 

 

 

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