El 17 de marzo pasado, la Superintendencia ofició a todas las municipalidades y organismos públicos del país, para recordar la prohibición de apostar en los casinos de juego que tienen las y los funcionarios públicos y municipales, que, en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos, conforme lo señala la Ley de Casinos N°19.995 en su artículo 10°.

Según la Ley de Casinos, las personas que infrinjan esta prohibición serán sancionadas con multa de tres a quince unidades tributarias mensuales “sin perjuicio de que la infracción constituya, además, causal de terminación del contrato de trabajo o de destitución, según corresponda”.